Ciudad de México, febrero de 2026.– La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre evaluar la viabilidad del gas no convencional mediante un “grupo de expertos” abrió un frente político que el gobierno no tenía en el radar inmediato: la acusación de ruptura con la promesa de prohibir el fracking.
Aunque no existe anuncio formal de perforación ni modificación legal, el solo hecho de admitir que se analiza el tema bajo el argumento de soberanía energética encendió alertas en organizaciones ambientales y comunidades que durante más de una década han exigido prohibición constitucional.
El dilema es estructural. México importa más de la mitad del gas que consume, principalmente desde Texas. Reducir esa dependencia implica dos caminos: acelerar masivamente la transición renovable o explorar recursos no convencionales. El primero requiere inversión, infraestructura y tiempo. El segundo implica fractura hidráulica.
El Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos ya había anticipado el interés en yacimientos de “geología compleja”. Lo que ahora cambió es el tono presidencial: abrir la puerta a evaluación técnica.
El riesgo político no es técnico, es narrativo
Aquí está el punto fino:
El conflicto no gira solo en torno al impacto ambiental, sino a la coherencia política.
Si el fracking avanza, el gobierno enfrenta cinco riesgos concretos:
1️⃣ Riesgo de traición percibida
La oposición ambiental ya instaló el encuadre: “lo votado no se discute”. Si esa narrativa prende, el costo será simbólico antes que legislativo.
2️⃣ Riesgo de fractura interna
Dentro del oficialismo conviven una corriente ambiental fuerte y otra pragmática-energética. Este tema puede dividirlas.
3️⃣ Riesgo territorial
Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Nuevo León podrían convertirse en focos de conflicto social. La judicialización sería inmediata.
4️⃣ Riesgo climático internacional
México ha defendido compromisos de reducción de emisiones. Apostar por gas no convencional tensionaría esa postura.
5️⃣ Riesgo de credibilidad
Si el gobierno anuncia exploración y luego retrocede por presión social, proyectará improvisación.
Si avanza, consolidará la imagen de giro estratégico.
No hay escenario sin costo.
El trasfondo real
El gas natural —principalmente metano— tiene alto poder de calentamiento en el corto plazo. Defenderlo como “combustible de transición” ya es un debate técnico controvertido.
Pero la pregunta central es más cruda:
¿Puede un gobierno que se asumió como parte de la transición ecológica justificar una expansión fósil por razones de soberanía energética?
Ahí está la tensión.