Ciudad de México, febrero de 2026.— Organizaciones feministas de 30 entidades federativas presentaron una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en México, en el marco de la visita oficial de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.
Durante un encuentro en la Cámara de Diputados, al que asistieron cerca de 400 mujeres integrantes de alrededor de 200 organizaciones, las convocantes anunciaron su intención de reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de incorporar la gestación subrogada como forma de explotación reproductiva.
Alsalem advirtió sobre el crecimiento de nuevas manifestaciones de violencia contra mujeres y niñas, tanto en el ámbito físico como digital, y sostuvo que América Latina se ha convertido en un destino relevante para la industria transfronteriza de subrogación, particularmente en contextos de vulnerabilidad económica.
Las organizaciones entregaron cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, en las que expresan su desacuerdo con criterios recientes que han permitido validar contratos de gestación sustituta mediante procedimientos de jurisdicción voluntaria y ordenar la expedición de actas de nacimiento.
Debate jurídico en curso
El planteamiento de las organizaciones parte de equiparar la subrogación con formas de trata de personas, bajo el argumento de que la mayoría de los contratos se celebran en condiciones de desigualdad estructural y que el consentimiento puede estar viciado por necesidad económica.
Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y familiar han señalado que el tema implica una compleja tensión de derechos: autonomía reproductiva, libertad contractual, interés superior de la niñez y protección frente a la explotación. En México no existe una legislación federal integral en la materia, y la regulación ha sido fragmentaria y estatal, lo que ha generado vacíos normativos y litigios.
La Corte ha intervenido en casos específicos relacionados con el registro civil de menores nacidos mediante subrogación, pero no ha establecido un marco general. Esto ha dejado abierta la discusión sobre si corresponde al Poder Legislativo definir una prohibición expresa o diseñar un esquema regulatorio con controles estrictos.
Dimensión económica y regional
Las organizaciones impulsoras citaron estimaciones internacionales que ubican el valor global del mercado de subrogación en más de 28 mil millones de dólares anuales. No obstante, en México no existen cifras oficiales consolidadas sobre el tamaño de esta actividad.
Expertos en turismo médico y reproducción asistida han advertido que, ante la ausencia de regulación uniforme, algunos estados se han convertido en destinos para contratos nacionales y extranjeros. Una prohibición total, señalan, podría desplazar la práctica hacia la clandestinidad o hacia otros países de la región, mientras que una regulación estricta implicaría mayores mecanismos de supervisión y costos administrativos.
Un debate más amplio
En su intervención, Alsalem también abordó preocupaciones relacionadas con pornografía, prostitución y el uso de categorías estadísticas basadas en sexo biológico, ampliando el marco del debate hacia discusiones más amplias sobre políticas públicas y derechos humanos.
El impulso legislativo anunciado por las organizaciones feministas anticipa una discusión polarizada en los próximos meses, en la que convergerán posturas abolicionistas, defensores de la regulación y actores vinculados al ámbito médico, jurídico y de derechos reproductivos.
El eje central será definir si el Estado mexicano opta por la prohibición absoluta de la gestación subrogada o por un modelo regulatorio que busque equilibrar libertades individuales con mecanismos de protección frente a posibles abusos.
