El caso de Frida Guerrera vuelve a exhibir lo que el Estado se niega a reconocer: que las agresiones en línea contra mujeres periodistas son violencia real, con consecuencias reales, y que la impunidad sigue siendo la regla.
Cuando ARTICLE 19 exige coordinación “efectiva” entre fiscalías y juzgados, en realidad está diciendo algo más grave: esa coordinación hoy no funciona. Y cuando se pide perspectiva de género, es porque las instituciones siguen tratando estas amenazas como si fueran menores o “parte del oficio”.
Investigar con efoque de género no es un favor, es una obligación legal. Proteger a una periodista amenazada no es opcional, es responsabilidad del Estado.
El silencio institucional también mata.
Y la impunidad, una vez más, protege a los agresores y deja solas a quienes informan.
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