A ras del suelo
Por Lidia Rita Bonilla Delgado
Desde arriba todo parece claro. Desde abajo, no tanto. Por eso vale la pena mirar el día a ras del suelo, donde el poder se siente más de lo que se explica.
En la economía global se repite la misma receta: crédito, inversión y megaproyectos como sinónimo de desarrollo. Bancos y gobiernos celebran cifras, pero no hablan de los derechos que se ponen en riesgo cuando el crecimiento se financia con deuda y despojo.
El derecho a la vivienda, al trabajo y a un nivel de vida adecuado no aparece en las presentaciones financieras. Lo que sí aparece es la rentabilidad. Cuando los proyectos fracasan o desplazan comunidades, las pérdidas no las asume el mercado: las asumen personas que pierden su casa, su tierra o su forma de vivir.
Y cuando un país intenta decidir distinto, la economía se usa como castigo. La cooperación se vuelve sospechosa y la soberanía se penaliza. La política económica se convierte también en herramienta de presión.
Desde arriba, se llama inversión. A ras del suelo, se vive como imposición.
En México, la banca promete financiar el crecimiento y apoyar infraestructura, energía y pequeñas empresas. Pero el derecho al acceso equitativo al desarrollo no se garantiza con discursos.
La realidad es que millones siguen fuera del sistema financiero o atrapados en créditos que violan el derecho a condiciones de vida dignas. Para muchos negocios familiares, endeudarse no es oportunidad: es riesgo de perder lo poco que tienen.
Al mismo tiempo, se discuten cambios políticos como eliminar la reelección, sin tocar el fondo del problema: la falta de rendición de cuentas. Sin auditorías eficaces, sin sanciones penales y sin recuperación del dinero público, el derecho ciudadano a un gobierno honesto queda en el papel.
La impunidad también es una violación a derechos: al derecho a la justicia y a la igualdad ante la ley.
En Tamaulipas, el desarrollo se vive como conflicto territorial. Comunidades afectadas por obras y proyectos piden acceso a la información, consulta y transparencia. No es un favor: es un derecho. Y sin embargo, deben protestar para saber qué se hará con su entorno.
A esto se suma una violencia menos visible: el despojo legalizado. Personas que pierden su vivienda o su terreno por fraudes documentales, por firmas falsificadas, por redes que operan desde oficinas que deberían proteger el derecho de propiedad. Cuando la fe pública se convierte en herramienta de despojo, el Estado está fallando en su obligación de garantizar derechos básicos.
Las víctimas enfrentan procesos largos, gastos legales y autoridades que anuncian investigaciones, pero no aseguran restitución ni reparación del daño. Sin reparación, no hay justicia. Hay solo trámite.
Aquí, los derechos humanos no se violan en discursos: se violan en escrituras, en contratos, en sellos oficiales.
Desde arriba, el crecimiento se celebra.
Desde arriba, la corrupción se dice combatida.
Desde arriba, los derechos se mencionan en comunicados.
Pero a ras del suelo, lo que está en juego es el derecho a la vivienda, a la propiedad, a la información y a la justicia.
Y esos no pueden depender de promesas ni de comunicados.
El desarrollo que no protege derechos no es progreso.
La política que no castiga abusos no es reforma.
Y la economía que desplaza y endeuda no es modernización: es exclusión con lenguaje técnico.