La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) no solo activó el procedimiento constitucional para elegir a la nueva persona titular del organismo. También reabrió una discusión de fondo: la urgencia de que la procuración de justicia en México incorpore liderazgo femenino y una perspectiva de género real, en un sistema históricamente marcado por rezagos en la atención a mujeres y víctimas de violencia.
Tras aceptar la renuncia de Gertz con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado inició la conformación de una lista de 10 aspirantes que cumplan los requisitos legales. Esa lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá reducirla a tres finalistas. Luego vendrán las comparecencias y la votación en el Pleno para designar al próximo titular.
Aunque el proceso es técnico, especialistas señalan que esta renovación podría convertirse en un punto de inflexión. La FGR ha sido históricamente un espacio altamente masculinizado, donde la mayoría de los puestos de mando han recaído en hombres y donde los avances para integrar una visión de género han sido lentos e irregulares.
En ese contexto, la presencia de mujeres en puestos clave —como la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y la fiscal interina Ernestina Godoy— abre una ventana de oportunidad para replantear el perfil del próximo liderazgo. Organizaciones feministas han insistido en que la terna presidencial debe incluir mujeres con trayectoria acreditada en derechos humanos, atención a víctimas y procuración de justicia con enfoque de género.
La necesidad es evidente: la FGR enfrenta carpetas rezagadas en delitos que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, como feminicidio, violencia sexual, desapariciones y violencia familiar. Además, diversos diagnósticos han señalado inconsistencias en la aplicación de protocolos, fallas en la atención inicial y prácticas de revictimización que profundizan la impunidad.
El relevo en la fiscalía ocurre en un momento en el que el país exige respuestas más contundentes frente a la violencia de género. La designación del nuevo fiscal o fiscala —sostienen especialistas— debe contemplar no solo experiencia jurídica, sino también capacidad para transformar la institución y garantizar investigaciones sensibles al contexto de desigualdad estructural.
La presidenta Sheinbaum tendrá un papel determinante al reducir la lista a tres finalistas. Sus decisiones pueden marcar un precedente en la paridad dentro de las instituciones de seguridad y justicia. El Senado, a su vez, tendrá que valorar perfiles que no solo cumplan los requisitos constitucionales, sino que comprendan la dimensión social y política de la violencia contra las mujeres.
Mientras avanza el proceso, Ernestina Godoy se mantiene como titular interina de la FGR, un movimiento que algunos interpretan como señal de apertura hacia un liderazgo femenino. Sin embargo, el debate central no es solo quién llegue, sino si la institución estará dispuesta a colocar la agenda de género como prioridad y no como un requisito administrativo.
En las próximas semanas, el escrutinio público se centrará en la lista de aspirantes, la integración de la terna y los mensajes que envíe el gobierno sobre la importancia de avanzar hacia una procuración de justicia más igualitaria, efectiva y libre de sesgos.
Relevo en la FGR abre un debate clave: la necesidad de incorporar perspectiva de género en la procuración de justicia

