Las autoridades de los tres niveles de gobierno han actuado a favor de particulares que han invadido sus tierras•
Varios de los habitantes de Santo Tomás de El Pedregal han sido criminalizados con apoyo de Ministerios Públicos y jueces.
• Han solicitado a la Presidenta del país voltear su atención a este pequeño rincón de México•
Su caso fue expuesto mucho tiempo atrás ante el presidente anterior Andrés Manuel López Obrador, este solicitó personalmente a Delfina Gómez y Horacio Duarte que los atendieran
• Los meses se han hecho años y la dotación de tierras que les fue otorgada a sido invadida paulatinamente por fuereños pudientes y ejecutivos de Banca Mifel, con apoyo de los hermanos Quintanilla y funcionarios corruptos
Por MaryCarmen Aguilar Franco
Valle de Bravo, Méx.- Son los legítimos herederos de una porción de tierra que ha pasado de generación en generación, desde hace años las defienden inútilmente, mientras la mafia inmobiliaria los repliega, y para ello la propia Fiscalía General de Justicia del Estado apoya a los invasores quienes han logrado también la complicidad del ayuntamiento y de instancias estatales y federales, incurriendo todos ellos en diversos delitos al apoyarlos en la pretensión ilegal de construir un fraccionamiento campestre de lujo en ese codiciado terreno.
Por ello y para evitar mas abusos, el grupo de afectados, que suman más de 600 personas de todas las edades han emprendido diversas acciones de defensa y protección, incluso guardias continuas en la zona de bosque que les corresponde, donde familias completas se turnan para vigilar las 24 horas, los 365 días del año. Otra parte de los perjudicados se encargan de enfrentar el acoso institucional y acudir en apoyo de quienes fueron acusados falsamente y enfrentaron un juicio muy irregular, recibiendo una sentencia totalmente injusta.
Días después, les entregaron otro citatorio urgente, ahora acusando por supuesto “delito de despojo” a otros cuatro integrantes más del Colectivo para la Conservación y Defensa del Patrimonio Natural de Santo Tomás El Pedregal Valle de Bravo (COCODEF), organización que han conformado para reforzar sus acciones, pues no están dispuestos a seguir soportando todas las injusticias, mucho menos dejar que los invasores logren su cometido.
Explicaron como con este citatorio comprueban y reafirman el acoso institucional y el fraude procesal del que han sido víctimas, pues en cuanto recibieron la sentencia para cuatro de los suyos, quienes pasaron dos años en un juicio totalmente irregular, enseguida les entregaron el “citatorio urgente” firmando por Edgar Salvador Galicia Alcantar, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especial para la Investigación de Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la Entidad, sede Toluca; el documento lo dirigieron al Teniente de Navío del Servicio del Medio Ambiente Marino, Licenciado en Biología, Gabriel Vázquez López, Director de Seguridad Publica, Transito y Movilidad del Ayuntamiento del Valle de Bravo, estado de México.
Lo irónico del asunto es que los citados han tratado desde hace años de levantar las denuncias correspondientes , justo por los delitos por los cuales son acusados; no obstante los riesgos que para su libertad representa, los cuatro integrantes de la familia Reyes acudieron primero a la cita en los tribunales de Valle de Bravo, donde el mismo personal, incluyendo una jueza mostraron su extrañeza por la citación ante un hecho que desconocían, por tanto no podían atenderlos, así que los remitieron a Toluca, a donde acudieron días después Efrén Reyes Salazar, Maribel y Rodolfo Reyes González, y Celso Guadarrama Reyes, quienes acudieron a la Unidad Especial Para la Investigación del Delito de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, respondiendo a la citación dictada en el oficio 380/2025, bajo los números de investigación NIC: VAL/VBR/00/MPI/176/00856/24/10 y NUC: VAL/VAL/VBR/111/316230/24/10.
Los afectados están cansados de los múltiples ataques en su contra, desde el acoso institucional y las denuncias falsas, hasta la invasión gradual del territorio que legalmente les corresponde y esta a un solo paso de convertirse en ejido, pero este procedimiento, aseguran, esta igualmente detenido, con toda seguridad por intervención de los poderosos invasores, quienes han logrado todo el apoyo de autoridades y funcionarios para completar este “despojo legalizado”, a decir de Don Efrén Reyes Salazar, representante del Comité Particular Ejecutivo Agrario, quien eventualmente será el primer Comisariado Ejidal, quien está resuelto a enfrentar con toda la energía que reúne con más de 70 años a cuestas, y denunciar la maquinaria judicial convertida en cómplice de los criminales de cuello blanco y los ricos propietarios de lujosas casas construidas en las tierras que por ley les pertenecen a ellos.
De 235 hectáreas asignadas legalmente a los vallesanos de esta comunidad, les han invadido 110 has; la mayoría de este espacio ha sido ocupado por Banca Mifel, empresa reconocida precisamente como invasora; se agregan otros particulares, quienes han sido respaldados en sus fechorías por los hermanos Luis y Agustín Quintanilla vecinos de la comunidad, quienes, sospechan, están atrás de la destrucción de 10 hectáreas de cultivo, un trabajo de siembra que les fue destruido con maquinaria pesada hace un par de años, pero al tratar de levantar la denuncia, el Ministerio Publico se negó; no tuvieron opción alguna, al contrario, familiares directos de Don Efrén han sido víctimas de injurias, fabricación de pruebas falsas y argumentos tan absurdos como asegurar que las pruebas de los delitos son unos videos registrados por “cámaras del C5”, cuando el supuesto lugar donde se cometió el daño que fabricaron es zona rural y ni siquiera hay señal telefónica.
Aun así los cuatro indicados fueron sentenciados a siete años de prisión, sin beneficio alguno, y el mismo resultado pretenden acusando ahora a cuatro más; esto les ha colmado la paciencia de los casi ejidatarios, quienes no están dispuestos a soportar mas vejaciones y han iniciado diversas acciones para defensa de su territorio y sobre todo para recuperar la tranquilidad que les fue arrebatada desde hace décadas, por la codicia que despierta el terreno donde casi 100 familias han asentado sus hogares, heredándolos de generación en generación.
Con esta nueva demanda en su contra esperan ser atendidos para revisar todas las peticiones hechas ante los tres niveles de gobierno, y se instale a la brevedad la mesa de trabajo y dialogo solicitada al gobierno del estado, esperando lograr que las instancias correspondientes cumplan con honestidad su trabajo.
Además, por la experiencia lograda al enfrentar y resistir a este embate institucional, contemplan la posibilidad de ampliar sus acciones para combatir al cartel inmobiliario que tanto daño a causado a los legítimos herederos de estas codiciadas tierras de Valle de Bravo, donde abundan los casos de despojo por particulares, escudados por funcionarios corruptos.
En esta misión de defensa, enmarcada en códigos y leyes internacionales de Derechos Humanos se anotan a la cabeza del numeroso grupo de habitantes de Santo Tomás, el propio Efrén Reyes Salazar, junto con sus hijos Maribel y Rodolfo Reyes González, junto con decenas de comuneros exigen a las autoridades les hagan valer la resolución presidencial y la del Tribunal Superior Agrario que les otorga el derecho pleno sobre esas tierras, y sobre todo, exigen, se les permita demandar el despojo de Banca Mifel y los otros invasores, para recuperar esas otras 110 hectáreas que les corresponden.
Por supuesto debe revisarse también el delito de daños causado en las 10 hectáreas de siembra de maíz, para que los responsables paguen los cuantiosos daños, pero sobre todo, la meta es volver a sembrar, para recuperar y mantener su herencia e identidad, en ello deben comprometerse los tres Poderes del estado, Judicial, Ejecutivo y Legislativo de la entidad, para frenar de una buena vez el uso del aparato judicial, pues solo ha servido para proteger intereses de grupos inmobiliarios y empresarios privados.
El otro gran pendiente es lograr el respeto pleno a la legalidad agraria en Valle de Bravo y en ello no claudicaran los habitantes de la comunidad de Santo Tomás el Pedregal, por ello han realizado varias protestas para denunciar la falta de atención, tanto de autoridades como de líderes locales y hasta representantes populares, padeciendo toda clase de agresiones incluso el corte de suministro de agua, afectándolos seriamente en su vida cotidiana y en sus cultivos, pues sin previo aviso, los dejaron sin agua, el propósito es muy claro, indicaron, las falsas acusaciones y todos los agravios son con el único fin de cansarlos y obligarlos a desistir y abandonar sus tierras, pues no están conformes con las 110 hectáreas que ya les arrebataron, quieren el total de la dotación de tierras. Ignorando totalmente la resolución presidencial que los reconoce como los legítimos poseedores de 235 hectáreas.
La situación que enfrentan los habitantes de Santo Tomás de El Pedregal es un claro ejemplo de la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante la codicia inmobiliaria y la corrupción institucional. A pesar de los continuos ataques y el acoso judicial, los pobladores no están dispuestos a ceder ante los intereses de poderosos invasores. La lucha por la restitución de sus tierras es también una lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos, que debe ser respaldada por las autoridades en todos los niveles.