Por Lidia Bonilla
En San Lázaro se votó con unanimidad algo que parecía impensable: el acceso libre y gratuito a las playas y a las áreas naturales protegidas. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, logró lo que él mismo calificó como “más allá de una modificación normativa”: un golpe directo contra la privatización silenciosa de los bienes de la nación. El dictamen, aprobado con 465 votos a favor, coloca en la agenda pública un derecho que por décadas fue cercenado por intereses hoteleros e inmobiliarios.
El proyecto no solo abre la puerta al mar, sino que crea un Registro Nacional de Accesos a Playas, coordinado por Semarnat y municipios, obligando a inscribirlos en catastros y registros públicos. Una garantía jurídica que busca impedir que, con un portazo burocrático, las comunidades vuelvan a quedar fuera de lo que siempre debió ser suyo.
Sin embargo, la unanimidad en torno a las playas contrasta con la realidad de otro derecho igual de básico: la salud. Mientras Morena y aliados reivindican el libre acceso al mar, el PAN intenta que los mexicanos puedan deducir de impuestos la compra de medicamentos en farmacias. Hoy la ley solo reconoce las medicinas facturadas en hospitales, como si la enfermedad estuviera reservada para quienes pueden pagar quirófanos privados.
El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba lo explicó sin rodeos: el desabasto en el sistema público obliga a millones a recurrir al sector privado, donde los precios golpean a las familias. Si el Congreso puede garantizar una playa abierta para todos, ¿por qué no garantizar también un alivio económico para quienes compran medicinas para sobrevivir?
La paradoja es clara: el país camina hacia un mar abierto, pero mantiene cerrada la puerta de las farmacias. Mientras Monreal habla de derechos ciudadanos frente a privilegios privados, la salud sigue atrapada en la lógica fiscal y en la indiferencia de un sistema que normaliza el gasto de bolsillo como única salida.
En el fondo, ambas iniciativas hablan de lo mismo: quién paga la factura del bien común. En las playas, la privatización se revirtió a favor de la ciudadanía. En la salud, todavía gana el mercado.