Tampico, Tamps., 30 de septiembre de 2025. — En lo que fue calificado por el gobierno local como un hecho “histórico”, el Cabildo de Tampico, encabezado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, aprobó en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria la escrituración de 28 predios públicos y de uso comunitario, con el argumento de fortalecer el patrimonio municipal y brindar certeza jurídica a espacios sociales.
Entre las resoluciones, el Cabildo autorizó:
Un contrato de comodato con la Oficina de Representación Estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, con vigencia hasta 2027.
La desincorporación y donación de dos predios municipales al INFONAVIT y al IMSS, bajo la justificación de fomentar vivienda y servicios de salud.
La incorporación formal al patrimonio municipal de espacios educativos, sociales y recreativos, como un jardín de niños, áreas verdes, el Mercado Municipal, el Parque La Paz, la Plaza Águila, el Cementerio Municipal y la Casa del Adulto Mayor.
La alcaldesa subrayó que estos procesos “ordenan, protegen y dan certeza legal” a predios de carácter social y comunitario, asegurando que “ya son propiedad de las y los tampiqueños”.
Crítica y lectura política
Aunque el anuncio fue presentado como un logro en materia de gestión patrimonial, especialistas en derecho urbano y representantes vecinales cuestionan que la donación de predios estratégicos a instancias federales se realizó sin detallar los proyectos específicos ni garantizar mecanismos de rendición de cuentas sobre su futuro uso.
Además, queda pendiente la vigilancia ciudadana sobre la administración eficiente de los espacios, ya que varios de los predios regularizados han estado sujetos en el pasado a presiones inmobiliarias y proyectos privados que amenazan su carácter comunitario.
El hecho de que las decisiones fueran aprobadas “en bloque” por el Cabildo abre interrogantes sobre la deliberación real de los regidores y la participación ciudadana en un tema tan sensible como el destino de bienes públicos
El Cabildo busca mostrar fortaleza política y administrativa con la regularización de estos predios; sin embargo, las dudas sobre transparencia, vigilancia social y destino de los espacios ponen sobre la mesa un debate necesario: ¿se trata de una verdadera garantía de patrimonio público o de un reacomodo estratégico de tierras con fines políticos y federales?
