Por Lidia Bonilla
Un año después de la detención arbitraria de la periodista Estefanía Galicia y de las agresiones contra la comunicadora y defensora Elizabeth Díaz Molina, la justicia en la Ciudad de México sigue brillando por su ausencia. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan han convertido la inacción en complicidad, dejando claro que la impunidad es la mejor aliada de la violencia contra mujeres periodistas.
El 5 de septiembre de 2024, Estefanía fue detenida mientras cubría una protesta en Xochimilco. Elizabeth, que acudió a documentar el hecho, terminó siendo víctima de agresiones físicas, patrimoniales y sexuales a manos de policías de la SSC. La consecuencia inmediata: exilio forzado para salvar su vida. La consecuencia estructural: un mensaje brutal y claro para quienes se atreven a informar y defender derechos humanos en esta ciudad.
Lo más grave es que, a pesar de la magnitud de las violaciones, nadie ha respondido. Funcionarios señalados como responsables —entre ellos Francisco Pastrana Basurto, José Carlos Acosta Ruiz, Víctor Hugo Muñoz y Darío Rodrigo Corrales— continúan en funciones o con vínculos cercanos al poder municipal. ¿Cómo puede hablarse de garantías de no repetición cuando los mismos actores señalados siguen en posiciones de influencia?
En su pronunciamiento del 5 de septiembre de 2025, CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) advirtió con claridad: “la falta de acceso a la justicia y de medidas efectivas de protección perpetúa la violencia e impunidad contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos”. Ese señalamiento no es retórico, es la radiografía de un país donde las instituciones encargadas de proteger a las mujeres terminan siendo cómplices de su vulnerabilidad.
La omisión no es casualidad, es política de Estado. Porque cuando la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX ignoran las denuncias, cuando el Mecanismo de Protección se queda en el discurso, lo que se perpetúa es un clima de miedo, represión y censura. El derecho a informar y a la protesta se convierte en un riesgo de vida.
Este caso no es aislado. Es un reflejo de cómo los gobiernos locales y las instituciones encargadas de garantizar derechos han normalizado la violencia contra las voces críticas. No se trata de una falla burocrática, sino de una estrategia que utiliza la impunidad como herramienta para desgastar, callar y disciplinar.
A Elizabeth y Estefanía les negaron justicia, pero nosotras y nosotros tenemos la obligación de recordarlo: la impunidad también mata. Callar, mirar a otro lado o reducir estos hechos a “errores” institucionales es avalar un sistema que pone en la mira a quienes ejercen el periodismo y defienden derechos humanos.
La exigencia es clara y CIMAC la recoge con contundencia: verdad, justicia y garantías de no repetición. Pero esa exigencia no puede quedar solo en comunicados o pronunciamientos: requiere eco en la ciudadanía, en los colectivos y en la opinión pública.
Porque cuando una periodista es atacada, toda la sociedad pierde su derecho a saber. Exigir justicia para Elizabeth y Estefanía no es un acto de solidaridad aislada: es una defensa de la democracia misma. Y esa lucha nos corresponde a todas y todos.
