Por RealidadesMx
Ciudad de México, 4 de agosto de 2025.– A pesar de las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales, México continúa sin tipificar penalmente el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por parte de actores no estatales. Así lo denunció la organización Tejiendo Redes Infancia, al recordar que el Estado mexicano ha omitido durante 14 años cumplir con las obligaciones derivadas de tratados internacionales en materia de derechos de la niñez.
De acuerdo con la organización, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha señalado desde 2011 la necesidad urgente de prohibir explícitamente este tipo de reclutamiento y de garantizar mecanismos de protección y recuperación integral para las víctimas. En su Observación General No. 25 (2021), el Comité alertó además sobre el uso de plataformas digitales para atraer menores a organizaciones criminales, exigiendo respuestas institucionales adaptadas al entorno digital.
Más recientemente, en 2024, el mismo Comité instó a México a desarrollar programas específicos de prevención del reclutamiento y de desmovilización, así como a fortalecer la coordinación interinstitucional para brindar protección efectiva a las adolescencias afectadas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado el reclutamiento forzado de adolescentes como una violación grave a los derechos humanos. En su informe “Violencia, niñez y crimen organizado” (2016), el organismo recomendó a los Estados miembros tipificar este delito, implementar programas psicosociales, educativos y laborales para las víctimas, y evitar respuestas criminalizantes que agraven su situación.
“El enfoque debe ser restaurativo, no punitivo. Las adolescentes, y en particular las niñas, enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y estigmatización. Se requiere un enfoque diferenciado de género, étnico y generacional”, señala la CIDH en su Cuadernillo de Jurisprudencia sobre Niñez No. 5 (2021).
Tejiendo Redes Infancia enfatizó que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica con la niñez al no garantizar su derecho a vivir libres de violencia y reclutamiento forzado. Las omisiones, advierte, perpetúan la impunidad y colocan a miles de menores en riesgo constante, en un contexto donde el crimen organizado continúa captando a jóvenes en situación de vulnerabilidad estructural.
La organización exhortó a los poderes del Estado a legislar con urgencia, adoptar políticas públicas con enfoque de derechos y establecer mecanismos reales de prevención, protección y justicia restaurativa para las infancias afectadas.
