Por Federico Xchel Gómez
¡Qué semana tan gloriosa para la democracia tamaulipeca! El Congreso local, en una muestra de eficiencia digna de un reloj suizo, aprobó en una sola sesión cinco dictámenes legislativos —así, sin despeinarse— todos en favor de la transparencia, la eficiencia y la virtud republicana. Porque cuando se trata de legislar el buen gobierno, nada como hacerlo rápido, concentrado… y con mayoría alineada.
Encabeza la lista de logros la Nueva Ley de Transparencia, cuya principal virtud, según la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa, es que ahora sí se cumple la Constitución. Qué alivio. Solo nos tomó unos años llegar al «cumplimiento claro y estructurado del mandato constitucional», pero más vale tarde que nunca. Al parecer, el Instituto de Transparencia ya tiene una «arquitectura normativa sólida y armónica»… aunque, claro, lo importante es ver si además de sólida también será incómoda para el poder.
Pero no se detuvieron ahí. También nos regalaron una flamante Ley de Protección de Datos Personales, con 130 artículos y 11 títulos. Nada dice “derecho a la privacidad” como un documento de proporciones bíblicas. La diputada Yuriria Iturbe nos garantiza que ahora sí se protegerá “la dignidad” de los ciudadanos. Porque antes, ya sabemos, la privacidad era un lujo que se dejaba al criterio del funcionario de turno.
Ahora bien, lo que realmente brilla en esta jornada legislativa de oro es la reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, esa misma que —según otro comunicado reciente— no desaparece organismos, solo los «reorganiza jerárquicamente». Porque si el director de un organismo pierde su rango pero sigue yendo a trabajar, ¿realmente perdió algo? Lo importante es que se promueve la austeridad. ¿Y la autonomía? Bueno, esa se verá después.
Y para rematar el paquete de virtudes cívicas: se crea la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, nombre que inspira tanta confianza como una campaña de despensa en tiempos electorales. Esta nueva dependencia, también llamada con orgullo «Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas», concentrará funciones de control, fiscalización y transparencia. Porque si algo hemos aprendido en México, es que la mejor forma de garantizar la rendición de cuentas es concentrarla toda en una sola oficina bajo el mismo techo gubernamental. ¿Qué podría salir mal?
Ah, y casi lo olvido: también aprobaron una reforma al Código Penal que sanciona a quienes cometan violencia familiar con la pérdida de derechos sucesorios. Muy loable, aunque uno no puede evitar preguntarse por qué esta medida no se había tomado antes. Tal vez estaban esperando a que la transparencia llegara en bloque.
En fin, Tamaulipas puede dormir tranquilo. El Congreso ya hizo su parte: legislar la virtud a golpe de dictamen. Ahora solo falta que alguien se anime a aplicar todo eso… aunque sea poquito.
“Los institutos públicos… No desaparecen, solo los degradamos
¡Tranquilidad, ciudadanía! Que no cunda el pánico: los institutos públicos no van a desaparecer, simplemente serán reclasificados, reubicados, rebajados o redimensionados, como se le quiera llamar… pero desaparecer, lo que se dice desaparecer, eso no.
Así lo aclaró con toda la solemnidad legislativa el diputado Adrián Cruz Martínez, presidente de la Diputación Permanente del Congreso Local, quien, como quien explica a niños confundidos, afirmó que la reciente reforma a la Ley de Entidades Paraestatales no elimina ni uno solo de los OPD. Solo les cambia el estatus. ¿Quién necesita ser Director “No desaparecen, solo los degradamosGeneral cuando puede ser Director de Área con el mismo entusiasmo?
Hasta ahora, todos los titulares de estos organismos cargaban con el lujoso título de Directores Generales, sin importar si dirigían una oficina con tres personas y un garrafón, o una institución con cobertura estatal. ¡Qué desproporción! Por eso la reforma llegó como redentor presupuestal, para que el Gobernador —en iluminado acuerdo con cada Secretaría— decida si alguien merece seguir siendo «General» o se convierte en «soldado raso administrativo».
Y claro, esto no afectará la operación, ni los objetivos, ni el presupuesto de los institutos. ¿Por qué habría de hacerlo? Si todos sabemos que el poder jerárquico no influye en nada y que los recortes de sueldos no impactan en la moral ni en la autonomía operativa. ¡Faltaba más!
Tampoco es concentración del poder, no, no. Que ahora el Ejecutivo tenga la última palabra sobre el rango y sueldo de los titulares de organismos públicos es simplemente eficiencia administrativa, no control político, no señor. Y si usted pensó lo contrario, es que no leyó con atención el comunicado. Regrésese y léalo con fe.
Por último, el Congreso, tan transparente como siempre, nos garantiza que esto es para que el dinero del pueblo se use con eficiencia, justicia y proporcionalidad. Aunque, eso sí, no nos dicen cuántos organismos bajarán de categoría, ni qué criterios objetivos se usarán, ni si habrá revisión pública o algún tipo de recurso para los afectados. Pero confiemos. Siempre confíemos.
Porque si algo ha quedado claro es que en Tamaulipas, las cosas no desaparecen… solo se reestructuran hasta volverse irreconocibles.
