Por Realidades.mx
En Altamira, Tamaulipas, la protección de la infancia enfrenta una crisis alarmante. La Procuraduría Municipal del Menor y la Familia, encargada de representar legalmente a niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales, opera con recursos humanos y materiales severamente limitados. Actualmente, solo tres abogados están a cargo de más de 150 casos activos, que van desde juicios familiares hasta procesos penales y de restitución de derechos.
“Tenemos entre 50 y 60 representaciones legales por abogado. Aunque no todas derivan de violencia, muchas requieren atención urgente,” afirmó la delegada municipal, Francisca Arteaga Hernández.
🛑 Sin refugio, sin respuesta inmediata
Uno de los mayores vacíos institucionales es la falta de un centro de asistencia o albergue estatal en el municipio. En situaciones de rescate o protección urgente, los menores deben ser trasladados fuera de Altamira, lo que aumenta los riesgos y retrasa la atención.
Aunque el municipio ha iniciado gestiones con el Gobierno del Estado para establecer una casa hogar, hasta el momento no hay instalaciones operativas ni fecha definida para su apertura. Esta situación pone en evidencia una deuda institucional prolongada con la niñez de Altamira.
⚖️ La carga legal y operativa
La Procuraduría actúa principalmente a través de solicitudes judiciales o ministeriales, interviniendo en casos donde los menores no cuentan con tutor legal. Además del acompañamiento jurídico, el personal realiza diagnósticos, emite medidas de protección y diseña planes de restitución de derechos. Sin embargo, la falta de personal y de infraestructura limita gravemente su capacidad de respuesta.
“Hemos salido adelante, pero más personal permitiría dar atención más ágil y eficaz”, reconoció Arteaga Hernández.
🗣️ Denuncia ciudadana, pieza clave
La Procuraduría también depende de la participación de la ciudadanía para identificar posibles casos de maltrato o negligencia. Cualquier persona puede presentar un reporte, sin necesidad de pruebas concluyentes.
