Por Lidia Rita Bonilla Delgado
Este 1 de junio, México será escenario de una elección sin precedentes: la elección judicial propuesta como un ejercicio de participación democrática, pero que en los hechos ha sido empañada por la improvisación, la opacidad y la desconfianza. Lejos de fortalecer al Poder Judicial, este proceso parece diseñado para debilitarlo.
Desde su anuncio, la elección ha despertado más incertidumbre que entusiasmo. La falta de reglas claras, la escasa campaña de información, el limitado presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) y la polémica selección de candidatos —algunos elegidos por tómbola y otros con antecedentes cuestionables— han convertido el proceso en una simulación democrática. En lugar de abrir el debate público sobre la justicia, se ha optado por el acarreo, los acordeones y la propaganda simplificada.
Expertos en derecho y procesos electorales lo han advertido: no se puede legitimar una transformación profunda del sistema judicial con tan poco rigor institucional. La improvisación en el diseño de boletas, la falta de observación ciudadana y la nula garantía de imparcialidad en la postulación de candidatos abren la puerta a la manipulación política de un poder que, por definición, debería ser autónomo.
La intención de “democratizar” al Poder Judicial puede ser legítima, pero su implementación ha sido profundamente deficiente. Una reforma de esta magnitud requería diálogo amplio, mecanismos claros de participación y transparencia en cada paso. Nada de eso ocurrió. En cambio, nos enfrentamos a una votación en la que los ciudadanos no conocen a los candidatos, ni sus trayectorias, ni las consecuencias reales de elegir a unos u otros. ¿Cómo hablar entonces de voto informado?
Además, la meta no escrita de alcanzar al menos el 20% del padrón mediante movilización masiva no es un logro democrático, sino una estrategia de legitimación numérica sin sustancia. Votar por desconocidos con una guía impresa en la mano no fortalece la justicia: la degrada.
La elección judicial, en su forma actual, no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que puede sentar un precedente alarmante para el futuro de las instituciones. Elegir jueces sin garantías mínimas de transparencia e idoneidad es un riesgo para la democracia, no una conquista de ella.
Si lo que se busca es transformar al Poder Judicial, la vía debe ser otra: auténtico diálogo nacional, participación informada y respeto por los contrapesos. Porque sin justicia independiente, no hay Estado de derecho. Y sin reglas claras, la democracia se convierte en teatro.
