Por Lidia Rita Bonilla Delgado
La elección del Poder Judicial en México hoy 1 de junio ha encendido un debate que va más allá de los nombres en las boletas. Ha abierto una discusión más profunda sobre la naturaleza misma de la democracia, la independencia de los poderes y el papel del ciudadano frente a procesos institucionales complejos. ¿Estamos ante una transformación que busca acercar la justicia al pueblo o ante una simulación que perpetúa el control político disfrazado de participación?
Ambas posturas, defendidas con vehemencia desde distintos espacios del análisis, coinciden en algo: lo que está en juego no es solo la designación de jueces y magistrados, sino la arquitectura misma del Estado de Derecho.
La apuesta por una justicia «del pueblo»
Para sus promotores, esta reforma representa un parteaguas. No se trata solo de una elección inédita, sino de un acto fundacional para democratizar una estructura históricamente opaca y elitista. Como lo señala Karla Doig en su columna, la reforma responde al hartazgo social con un Poder Judicial percibido como cerrado, costoso y ajeno a las necesidades populares. Su diagnóstico es claro: la vieja justicia se había convertido en una casta intocable, con privilegios desbordados y una arrogancia institucional que hizo imposible su auto-reforma.
Desde esta visión, abrir la elección de jueces al voto ciudadano es un acto de justicia social. Aunque imperfecto, el nuevo modelo representa una oportunidad para que la justicia deje de ser un instrumento de élites y se convierta en un bien común. La participación popular no anula la técnica, argumenta, sino que la somete al escrutinio democrático. El voto, en este sentido, se vuelve un acto de recuperación del poder público sobre lo jurídico.
La crítica: simulacro, manipulación y retroceso
Pero esta visión tiene férreos detractores. Columnistas como Víctor Contreras y Luis Enrique Arreola Vidal en Tamaulipas, advierten que lejos de democratizar, este proceso ha desembocado en una farsa electoral. Denuncian una elección orquestada desde el poder, donde los resultados ya estaban escritos antes de abrir las urnas. Los famosos “acordeones” con nombres predefinidos, los formatos confusos de votación, y la falta de garantías de transparencia alimentan la sospecha de un retroceso autoritario.
Para ellos, el verdadero peligro no está en el cambio, sino en la forma en que se impone: bajo una lógica de dedazo, simulación y propaganda. La elección judicial —afirman— no empodera al pueblo, sino que lo convierte en cómplice involuntario de una estructura que captura la justicia para someterla al poder político. La abstención, en este contexto, es elevada a gesto ético: un acto de resistencia frente a la imposición.
Dos verdades incómodas
Ambas posturas tienen razón en algo. Es cierto que el Poder Judicial en México ha sido históricamente una estructura cerrada, incapaz de reformarse desde adentro. Pero también es cierto que someterlo a una lógica electoral sin garantías mínimas de imparcialidad puede vulnerar su independencia.
La democracia no es solo participación, es también equilibrio. Y si bien ningún poder debe estar exento del escrutinio popular, tampoco puede estar subordinado a los ciclos y estrategias del poder político de turno. El desafío es monumental: ¿cómo lograr una justicia cercana y legítima sin destruir su neutralidad técnica y su autonomía?
Lo que viene
Más allá de la votación de HOY 1 de junio, México enfrenta un dilema estructural. ¿Se puede construir un nuevo modelo de justicia con instituciones debilitadas, información incompleta y una ciudadanía escéptica? ¿Puede una elección corregir décadas de impunidad sin convertirse en instrumento de control?
La historia juzgará esta reforma no por sus intenciones, sino por sus resultados. Lo urgente ahora es recuperar el debate público, fortalecer la transparencia del proceso, y evitar que la polarización nos impida ver las verdaderas preguntas: ¿quién imparte justicia, para quién, y con qué legitimidad?
Porque si algo nos ha enseñado este proceso es que la justicia no puede ser monopolio de nadie. Ni de los jueces, ni de los partidos, ni de las urnas. La justicia —como la democracia misma— debe construirse con información, garantías y sobre todo, con confianza.
