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CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.—Entre discursos bien cuidados y promesas de equidad que suenan familiares, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, presentó este 18 de marzo una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social del estado, con la intención —una vez más— de “homologarla” con la legislación federal.
La propuesta, según el legislador, busca garantizar el acceso equitativo a programas sociales y cerrar las brechas de género que históricamente han marcado la distribución de apoyos. En tribuna, Prieto Herrera habló de “igualdad sustantiva” y de asegurar el pleno ejercicio de los derechos sociales.
Hasta ahí, todo suena correcto. Incluso necesario.
El problema es que en Tamaulipas —como en buena parte del país— la distancia entre la ley y la realidad suele ser abismal.
Porque mientras en el papel se habla de justicia social, en los hechos persisten cuestionamientos sobre el uso clientelar de programas, la opacidad en la asignación de recursos y la falta de evaluación real sobre quiénes reciben —y quiénes no— los beneficios del desarrollo social.
Homologar leyes no garantiza automáticamente igualdad. Mucho menos cuando los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas siguen siendo débiles o, en algunos casos, inexistentes.
La iniciativa también presume fortalecer el marco jurídico en favor de la no discriminación, pero evita entrar en el terreno incómodo: ¿cómo se medirá esa igualdad?, ¿quién vigilará que no se repitan viejas prácticas?, ¿y qué sanciones habrá si la equidad queda, otra vez, en discurso?
El Congreso de Tamaulipas habla de inclusión y justicia social. La ciudadanía, en cambio, sigue esperando resultados tangibles.
Porque legislar sobre igualdad es fácil.
Hacerla realidad, no tanto.