Por Lidia Bonilla
Altamira, México – julio 22, 2025 | RealidadesMx
En América Latina y el Caribe, miles de niñas, niños y adolescentes cargan con una pena que no les corresponde: la de tener a un familiar en prisión. Pese a no haber cometido delito alguno, enfrentan tratos hostiles, registros invasivos y condiciones humillantes cada vez que intentan ejercer su derecho a mantener el vínculo afectivo con sus seres queridos. Esta situación fue duramente expuesta en la audiencia temática número tres del 193° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington.
La audiencia —solicitada por una coalición de organizaciones regionales como REDIM (México), ACIFAD (Argentina), Colectivo Artesana (Guatemala), Proyecto Feminina (Brasil), entre otras— denunció el impacto devastador de las políticas penitenciarias restrictivas sobre la niñez, en contextos donde el encarcelamiento es masivo, punitivista y excluyente.
> “Las visitas no son un beneficio, son un derecho”, dijo con firmeza Rachel, de 17 años, representante del Consejo de NNA con familiares encarcelados. Su testimonio reveló prácticas sistemáticas de violencia institucional que afectan especialmente a adolescentes mujeres: tocamientos, desnudos obligados, inspecciones físicas vejatorias, ausencia de espacios adecuados, y hasta el silenciamiento de sus denuncias.
En muchos países, llegar a una cárcel puede significar cruzar cientos de kilómetros sin apoyo estatal. A la precariedad del transporte se suma la falta de protocolos y el desinterés oficial en proteger la integridad física y emocional de las y los visitantes menores de edad.
“No se trata de excepciones ni de casos aislados”, denunciaron las organizaciones. “La ausencia de estándares mínimos convierte la experiencia de la visita penitenciaria en un escenario recurrente de revictimización y maltrato”.
La reciente resolución de la CIDH aprobada el 21 de julio —la primera en reconocer los derechos de familiares de personas privadas de libertad— ofrece un marco inédito para exigir cambios urgentes en la región. Pero, como advirtieron los colectivos, sin voluntad política de los Estados, seguirá siendo letra muerta.
Los testimonios de jóvenes como Rachel o Gonzalo Sá, de la plataforma NAPES, exigen más que empatía: requieren políticas públicas con enfoque de niñez, participación efectiva de adolescentes, mecanismos accesibles de denuncia y reparación, y sobre todo, el reconocimiento de que estos niños y niñas no son “daños colaterales”, sino titulares plenos de derechos humanos.
El llamado es claro: romper el silencio institucional y garantizar condiciones dignas y humanas para que la niñez no sea la víctima invisible del sistema penitenciario.
—📌 Claves del caso
Región afectada: América Latina y el Caribe.
Actores denunciantes: REDIM, ACIFAD, En Marcha, Proyecto Feminina, NAPES, Colectivo Artesana, entre otros.
Demandas principales: visitas dignas, protocolos diferenciados, protección integral, y mecanismos adaptados de denuncia.
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