Por Federico Xchel Gómez
En el Congreso de Tamaulipas andan muy aplicados. Esta semana los diputados sacaron la pluma, firmaron convenios, aprobaron reformas y autorizaron obras y préstamos como si todo estuviera en orden. Pero ojo: una cosa es el discurso y otra muy distinta, el impacto real en la vida de la gente. Vamos por partes.
Primero lo bueno (o lo que parece bueno): el diputado Isidro Vargas propuso que el impuesto predial se cobre de forma más justa y progresiva. Que quien tiene más propiedades pague más. Suena lógico, ¿no? Pero a ver si no les tiembla la mano cuando tengan que aplicarlo con los grandes dueños de tierras, plazas, edificios y fraccionamientos. Porque una cosa es proponer y otra hacerle frente al poder económico local.
Y eso sin contar que muchos municipios ni siquiera tienen actualizado su catastro. No saben cuánto valen las casas, ni cuántas hay. Así cómo van a cobrar bien. Y si no se digitaliza ni se transparenta el cobro, solo van a seguir exprimiendo a los mismos de siempre: a los que sí pagan.
Luego, en otro tema más urgente de lo que parece, el Congreso aprobó una reforma para prohibir la discriminación por orientación sexual o identidad de género en los servicios de salud. Un avance necesario que llega tarde, pero llega. Porque según la ENADIS 2022, más del 36% de las personas LGBTTTIQ+ han sido discriminadas en clínicas y hospitales. A ver si ahora, con la ley en mano, se empieza a garantizar el trato digno que merecen. Aunque ya sabemos que una cosa es cambiar la ley, y otra muy distinta cambiar los prejuicios del personal médico.
También andan muy orgullosos porque firmaron un convenio con los Colegios de Contadores Públicos. La idea es que los contadores les ayuden a revisar presupuestos y hacer que las cuentas cuadren. Suena bien, pero… ¿no se supone que eso ya era su obligación? ¿Necesitan que un tercero les diga si están gastando bien el dinero público?
Y por si fuera poco, autorizaron endeudarse con mil millones de pesos más. Ah, pero no se preocupen, dicen, es deuda “sostenible” y servirá para obras de infraestructura. Lo de siempre: más préstamos con la promesa de que esta vez sí se va a notar en la calle. Pero no vimos ningún mecanismo de vigilancia ciudadana ni transparencia para saber cómo se van a usar esos fondos. Porque endeudarse es fácil, pagar con intereses es lo complicado
¿Y qué tal los proyectos viales? Van por un viaducto elevado en Tampico y un libramiento en El Mante. Inversiones grandes que suenan modernas, pero que también benefician a los mismos de siempre: constructoras, transportistas y políticos con negocios cruzados. ¿Y las consultas ciudadanas? ¿Y los estudios de impacto ambiental? Bien, gracias.
Al final, entre tanta sesión y tanto boletín optimista, uno se pregunta si de verdad legislan por el bien común o por la próxima foto de campaña. Porque mientras hablan de desarrollo y transformación, en muchas colonias no hay agua, el camión pasa cada tercer día y la inseguridad sigue marcando la vida cotidiana.
Tamaulipas no necesita más discursos bien redactados ni más promesas con etiquetas de “sostenibilidad”. Lo que necesitamos es que cada decisión del Congreso tenga una sola brújula: la justicia social.
