Entre la protección y el control: una propuesta que pone en tensión la libertad de expresión
Por Lidia Rita Bonilla Delgado/RealidadesMx
En Tamaulipas, una iniciativa que busca crear un “Colegio de Periodistas” con facultades para evaluar y exhibir públicamente a comunicadores ha encendido alertas. No solo por su contenido, sino por un hecho aún más preocupante: no existe —hasta ahora— un documento oficial accesible en los registros del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas que permita conocer su alcance real.
La propuesta, de acuerdo a la información firmada por la reconocida periodista Mariela Macay, en el prestigioso medio en el que labora, El Sol de Tampico (OEM); es impulsada por la diputada Cintya Lizabeth Jaime Castillo, quien plantea reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un instrumento legal creado precisamente para garantizar la seguridad y libertad del ejercicio periodístico, no para regularlo.
⚖️ De la protección a la vigilancia: el giro de fondo
La ley que se pretende modificar no es menor. Surge como respuesta a un contexto nacional de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, alineada con estándares internacionales de protección.
Su objetivo central ha sido:
* salvaguardar la integridad física de periodistas
* prevenir agresiones
* activar mecanismos de protección
👉 No contempla —ni en su espíritu ni en su diseño original— mecanismos de evaluación o sanción sobre el contenido periodístico.
Sin embargo, la iniciativa en cuestión propone algo distinto:
– creación de un organismo con autonomía técnica
– recepción de quejas contra periodistas
– emisión de “extrañamientos públicos — —+ – solicitudes de disculpa o rectificación
En otras palabras: introduce un esquema de vigilancia reputacional dentro de una ley de protección.
🧨 El problema estructural: un órgano “ético” con respaldo legal
Aunque la propuesta insiste en que no habrá sanciones legales, especialistas advierten que el impacto puede ser igual o más grave.
Porque en el ecosistema periodístico:
* la exposición pública negativa puede inhibir investigaciones
* los mecanismos “éticos” pueden convertirse en herramientas de presión
👉 El riesgo no es jurídico, es estructural:
normalizar la supervisión institucional del ejercicio periodístico.
🔍 Opacidad legislativa: la iniciativa que no se puede leer
Pese a su impacto potencial, el documento completo no está disponible en la Gaceta Parlamentaria ni en el repositorio digital del Congreso. Esto contrasta con el procedimiento habitual, donde:
toda iniciativa debe registrarse
asignarse a comisiones
publicarse en formato accesible
La ausencia de este registro abre preguntas clave:
¿Fue realmente ingresada al proceso legislativo formal?
¿En qué comisión se encuentra?
¿Existe una versión final o ha sido modificada fuera del escrutinio público?
👉 Sin documento, no hay debate informado.
👉 Sin transparencia no hay control democrático
🧠 Un patrón preocupante: regulación indirecta del periodismo
El caso no es aislado. En distintos puntos del país se ha observado una tendencia creciente:
+ uso de figuras administrativas para cuestionar contenidos
+ exigencias de disculpas públicas
+ presión institucional bajo argumentos de “ética” o “responsabilidad social”
Este tipo de iniciativas marca un cambio de paradigma:
Del control directo (censura) al control indirecto (reputación, presión institucional, señalamiento público).
📉 El riesgo para la libertad de expresión
Modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir mecanismos de evaluación del trabajo periodístico podría:
– desvirtuar su propósito original
– debilitar los mecanismos de protección
– generar autocensura
– abrir la puerta a la politización del escrutinio mediático
Especialmente en un estado donde el ejercicio periodístico históricamente ha implicado riesgos.
🎯 Conclusión: una iniciativa sin documento, pero con consecuencias reales
El problema no es solo lo que propone la iniciativa, sino cómo se está gestionando:
se anuncia públicamente
genera impacto político y mediático
pero no es plenamente accesible para revisión ciudadana
👉 Eso, por sí mismo, ya es un problema democrático.
Porque cuando se trata de regular —aunque sea indirectamente— al periodismo:
La transparencia no es opcional. Es obligatoria.
🧾 Este caso no solo exige debate, sino seguimiento:
acceso al documento completo
trazabilidad legislativa
posicionamiento del gremio periodístico
análisis constitucional
Porque en contextos de poder:
Lo que no se puede leer… tampoco se puede cuestionar.